La presidenta Dina Boluarte instó en Chiclayo a que las elecciones generales del 12 de abril de 2026 se realicen “sin odio”, apelando a que “no se imponga la ofensa sobre la esperanza”, y deseó que el Perú sea para entonces “una patria grande y soberana”. Sin embargo, muchos ciudadanos han recibido esas palabras con incredulidad, señalando la aparente contradicción entre ese llamamiento y la realidad política del país.
En efecto, la imagen de Boluarte es baja: una encuesta regional reciente la ubica con apenas 19,8% de imagen positiva, la más baja de Sudamérica. Dicho estudio subraya que este fuerte rechazo se explica por las “múltiples crisis políticas” y las “recientes investigaciones por presuntos actos de corrupción” que afectan a su entorno. En otras palabras, gran parte de la población percibe un déficit de credibilidad en el mensaje oficial: difícilmente puede confiarse en un diálogo limpio cuando el propio gobierno enfrenta severas acusaciones.
Escándalos recientes en la gestión
- Financiamiento ilegal: la Fiscalía de Lavado de Activos investiga un aporte de S/150.000 a la campaña de la segunda vuelta de 2021 en la que Boluarte fue candidata a la vicepresidencia.
- ‘Rolexgate’: la presidenta es investigada por presunto “cohecho pasivo impropio” tras recibir tres relojes Rolex donados por un gobernador regional, regalos costosos no declarados en su patrimonio.
- Caso Nicanor: su hermano Nicanor Boluarte Zegarra está prófugo y fue acusado de liderar “una red de corrupción” destinada a designar autoridades a cambio de ‘dádivas’ económicas.
- Protestas y represión: entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, 49 civiles murieron en manifestaciones contra su gobierno. En ese contexto, incluso un exfiscal general la denunció por presunto homicidio calificado en la represión de aquellas protestas.
Ante estos antecedentes, muchos peruanos se preguntan cómo creer en promesas de “esperanza” y “unidad” cuando las instituciones aún no han aclarado estos casos. En suma, aunque la jefa de Estado reclame tolerancia en el debate electoral, la ciudadanía pide primero transparencia y justicia ante los escándalos que involucran a su gobierno. Sin acciones concretas para sancionar la corrupción, el llamado presidencial puede sonar cínico a un electorado hastiado, que advierte que la verdadera “campaña por la paz” debe empezar limpiando la imagen pública de quienes están en el poder.

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